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A su regreso de la Ciudad de México, las comunidades que integran la III Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara se reunieron en Palacio de Gobierno el coordinador Ejecutivo del Gabinete, Gustavo Madero, en representación del gobernador Javier Corral Jurado; y con María Teresa Guerrero, titular de la Comisión Estatal para Pueblos Indígenas.

Las y los representantes de Bacajípare, Bosque de San Elías Repechique, Choréachi (Pino Gordo), Coloradas de la Virgen, El Mochomo, Huitosachi, Mala Noche y Mogótavo, expusieron problemáticas que enfrentan sus comunidades, incluyendo la falta de agua potable, de servicios de salud y educación, despojo institucionalizado, desplazamiento forzado, así como amenazas y asesinatos por defender el territorio que les pertenece de manera ancestral.

Así como lo hicieron ante las instancias federales de los tres Poderes, reiteraron que los graves problemas que viven sus comunidades se deben en gran medida a la falta de un reconocimiento adecuado de sus tierras, que durante años han sido escrituradas a particulares que ni siquiera viven en la Sierra y usan los títulos para explotar indiscriminadamente los recursos naturales. Entre los planteamientos de carácter urgente, se pidió cumplir con la creación del Consejo Consultivo del Fideicomiso Barrancas del Cobre, según la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida en marzo de 2012, para la reparación de daños causados a la comunidad de Repechique por la construcción del aeropuerto en Creel. Las autoridades aseguraron que en próximos días la firma del Fideicomiso quedará lista para indemnizar a la comunidad.

Además, se planteó detalladamente la problemática que enfrenta en Huitosachi y Mogótavo, donde las obras para la suministración de agua potable han sido canceladas por encontrarse en terrenos que actualmente aparecen a nombre de particulares.

Exigieron que antes de cualquier trabajo por parte de gobierno o particulares, las comunidades tengan el beneficio de la consulta previa, libre, informada y de buena de fe, de acuerdo con la cultura, usos y costumbres de cada uno de los pueblos indígenas que en ellas habitan, pues este derecho no ha sido respetado.

Además, llamaron a las autoridades a crear una ley sobre protección a los pueblos indígenas, que asegure la impartición de justicia en los lugares más alejados del estado, como es el caso de Coloradas de la Virgen, que se encuentra en Guadalupe y Calvo, donde la violencia ha desplazado a más de veinte familias.

Por su parte, las autoridades estatales se comprometieron a reactivar de inmediato las brigadas de salud y educación para las comunidades de la Sierra Tarahumara, así como a elaborar programas que tomen en cuenta la visión y cultura de los pueblos originarios; así como a integrar un consejo consultivo integrado no por la iniciativa privada, sino por integrantes de las comunidades de la Tarahumara, a fin de prevenir el despojo institucionalizado que beneficia a particulares.

Finalmente, las autoridades se comprometieron a tener representación permanente en las mesas de diálogo que entablen las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan, para dar seguimiento y solución a las problemáticas planteadas en la reunión.