Integrantes de diversas comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara ofrecieron esta mañana una rueda de prensa en la ciudad de Chihuahua, para dar a conocer las actividades de incidencia que realizarán durante la jornada, así como exigir a los gobiernos que cumplan los mandatos que tribunales han emitido a su favor.
Todas las comunidades presentes cuentan con sentencias favorables, emitidas por diversos tribunales que han reconocido las violaciones a sus derechos y por tanto, han ordenado que se tomen diversas acciones para resarcir los daños y afectaciones a sus derechos humanos y colectivos.
Las sentencias son muy claras en cuanto a las instituciones responsables y las acciones que se deben realizar, ya sea para reparar el daño o para evitar que se continúen violando los derechos colectivos de las comunidades. Las comunidades y sus sentencias son:
Del municipio de Urique, las comunidades de Huitosachi y Bacajípare. Recurso de Inconformidad 64/22 del Exp. 635/2010 juzgado octavo de Distrito. Derivado de las afectaciones del megaproyecto de turismo Barrancas del Cobre y que corresponden a descargas de aguas negras en ríos y arroyos, contaminación con basura. Los efectos de la sentencia son: abastecer de agua potable a las comunidades indígenas afectadas. Hacer un peritaje de las afectaciones al medio ambiente, al agua y a la salud de las personas afectadas. Detener las descargas de aguas negras. Desarrollar una propuesta de tratamiento de aguas con una planta de tratamiento biofiltro. Desarrollar un plan de manejo de basura y reciclaje. Integrar a las comunidades al desarrollo turístico.
Del municipio de Bocoyna, la comunidad de Bosques de San Elías Repechique, con los Decretos No. 1438/2016 y No. 0119/2016, así como los juicios de amparo: 422/2014 del Juzgado Octavo de Distrito, la sentencia, derivó en la creación del Fideicomiso Bosques de San Elías Repechique, pero que durante esta administración la comunidad no ha podido disponer de este dinero por las reglas que pretende imponer el gobierno del estado. En la misma comunidad, a través del juicio 642/2018 la sentencia ordena la cancelación de los permisos de aprovechamiento forestal y la legislación para legislar un procedimiento a través del cual se le otorgue el reconocimiento del territorio ancestral de la comunidad.
De los municipios de Guazapares y Uruachi, las comunidades de Monterde y El Manzano, las cuales fueron expulsadas de sus hogares por la violencia en el año 2014 y 2015. Las sentencias son: Exp. 917/2022 del juzgado Décimo Segundo de Distrito y el Exp. 847/2022 del Juzgado Segundo de Distrito, que ordenan al Estado Mexicano y a todos sus niveles de gobierno, dar atención psicológica, ayuda humanitaria hasta obtener soluciones permanentes, educación gratuita y laica. Salud, trabajo y capacitación laboral, donación de terrenos para efectos de cumplir con la indemnización proporcional al daño. Integrar y resolver la carpeta de investigación. Soluciones duraderas de regreso, reasentamiento y reintegración.
Las comunidades indígenas antes mencionadas cuentan con la asesoría legal y el acompañamiento de Consultoría Técnica Comunitaria; algunas de ellas, desde hace más de diez años y en este largo trayecto de resistencia, de lucha y de exigencia para el respeto a sus derechos fundamentales y colectivos, ha habido muchas dificultades para que las autoridades responsables lleven a cabo las acciones ordenadas por los tribunales.
Es por eso que hoy, las comunidades se reúnen para exigir nuevamente, a los tres niveles de gobierno, que se realicen las mesas de trabajo, comisiones o equipos necesarios para dar cumplimiento; al Congreso del Estado, se solicita que se destinen partidas presupuestales específicas para que las dependencias estatales puedan cumplir con estas obligaciones y las instancias federales, a que proporcionen los servicios y realicen las acciones ordenadas por las autoridades judiciales.