Los días 14 y 15 de mayo, la magistrada federal Nancy Elizabeth Sánchez Corona y su equipo de trabajo, visitaron la comunidad de Huitosachi, en el municipio de Urique, para leer en el idioma rarámuri una sentencia que ella y los magistrados, Rafael Rivera Durón y Amílcar Azael Estrada Sánchez, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa emitieron a favor de la comunidad.
La sentencia versa sobre el incumplimiento de una sentencia emitida hace 10 años por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las autoridades realicen acciones encaminadas a lograr un desarrollo integral, equilibrado, justo y sustentable, y se reparen los daños ocasionados por el turismo en la región de las Barrancas del Cobre y va dirigida a diversas instituciones públicas del Gobierno Estatal de Chihuahua, así como algunas municipales.
Dicha visita, además de la lectura en rarámuri de los efectos de la sentencia, se realizó con el fin de documentar el estado de la región afectada por el turismo, así como entrevistar a las personas afectadas de las comunidades, y corroborar el nivel de cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades estatales y municipales.
El recorrido incluyó: la comunidad de Huitosachi, el basurero de San Rafael, en donde van a parar muchos de los desechos sólidos generados por el turismo y las comunidades (mestizas e indígenas), el Parque de Aventura y uno de los arroyos en Huitosachi donde van a parar las descargas de aguas negras de los hoteles. Estuvieron presentes integrantes de las comunidades de Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare.
Son varias las comunidades rarámuri afectadas por el megaproyecto de turismo en la región: Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare, que tienen un territorio en común y muy cercano al complejo turístico de Barrancas del Cobre, así como la comunidad Bosques de San Elías Repechique, cuyo territorio fue dañado y arrebatado para construir el Aeropuerto de Creel.
Desde hace 20 años el megaproyecto de turismo de las Barrancas del Cobre ha realizado obras y ofrece servicios que han dañado el medio ambiente, el territorio, y los derechos de las comunidades indígenas que radican en la zona. La construcción del gasoducto Encino-Topolobampo, el Aeropuerto de Creel y el funcionamiento del Parque de Aventura, así como de los numerosos hoteles de la región, son los eventos más notables que afectan a las familias rarámuri.
Todas las comunidades antes mencionadas han señalado las violaciones a sus derechos, así como las malas prácticas y las negligencias de las instituciones públicas y de los empresarios que dañan el medio ambiente, violan sus derechos y afectan su vida cotidiana.
La comunidad de Huitosachi reclamó la violación al derecho de consulta previa, libre e informada en la creación del proyecto turístico Barrancas del Cobre, en el amparo 635/2010. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió sentencia a su favor y ordenó la creación del Consejo Consultivo Regional Barrancas del Cobre para garantizar la participación de la comunidad en el desarrollo turístico y económico de la región, equilibrado, justo y sustentable, así como el derecho a la consulta.
Sin embargo, la sentencia no ha sido cumplida a cabalidad por las instituciones públicas responsables, y es en este momento donde entra el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa, del que forma parte la magistrada Nancy Elizabeth Sánchez Corona y señala que no se ha dado cumplimiento, ordenando a las instancias correspondientes que cumplan la sentencia.
El pasado 19 de marzo del 2025 se realizó la Audiencia Extraordinaria en el Segundo Tribunal Colegial en Materia Penal y Administrativa, en la que la magistrada ya mencionada y los magistrados Rafael Rivera Durón y Amílcar Azael Estrada Sánchez leyendo la sentencia en formato fácil y en idioma rarámuri a integrantes de la comunidad, en donde se determinó visitar a la comunidad, para comunicar los efectos de la sentencia e inspeccionar su cumplimiento.
