El Diario
Editorial | 2014-12-06 | 00:59
Una actitud soberbia y discriminatoria de la oficialidad, tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como de Obras Públicas del Gobierno estatal, estuvo a punto de propiciar la pérdida al menos de 200 millones de pesos asignados a la construcción de la tercera etapa del aeropuerto de Creel, por no haber tomado en cuenta en el proyecto que esa obra debía respetar no solamente el entorno ecológico donde es construido, sino principalmente los derechos de los indígenas poseedores de esas tierras.
Aun más, se corrió el riesgo de perder por la vía judicial la inversión hecha en la construcción de esa terminal aérea y de frustrar todo el proyecto.
Desde el pasado primero de abril la comunidad indígena de Bosques de San Elías interpuso un juicio de amparo contra autoridades del Gobierno estatal y federal por las afectaciones sufridas y la falta de consulta para la construcción del aeropuerto.
El amparo se radicó en el Juzgado Octavo de Distrito y el juez concedió la suspensión provisional de la obra, hasta que el 28 de noviembre pasado fue emitida la resolución definitiva, según la cual el Gobierno del Estado deberá realizar la consulta dentro del ámbito regional de la comunidad, ubicada en la zona de afectación, con el fin de evaluar el impacto social, cultural, espiritual y sobre el medioambiente que la construcción del aeropuerto regional produjo y producirá sobre la comunidad Bosques de San Elías, Repechique.
Una vez concluida la consulta las autoridades deberán tomar las acciones inmediatas según lo convenido en la consulta a fin de resarcir las afectaciones que incidan en la subsistencia de las comunidades indígenas.
La sentencia, además de comprometer a la autoridad a reparar el daño material, implica también el daño inmaterial, según el cual se refiere al ocasionado al valor cultural de su identidad, posesión, cosmovisión y relación con el territorio, el cual les pertenece ancestralmente.
Sin lugar a dudas este es un logro de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara de Chihuahua en el respeto y la garantía a sus derechos, ante los tribunales; pero también es una lección para las autoridades estatales y federales, pues no solamente estuvieron a punto de perderse los 200 millones de pesos, sino de frustrarse una obra muy importante para detonar el desarrollo turístico de la entidad.
En efecto, el 28 de agosto pasado, el Periódico Oficial del Estado publicó dos acuerdos, uno relativo a la reasignación de recursos federales por 200 millones de pesos para concluir la construcción del aeropuerto, y otro donde se establecen los calendarios para la terminación de cada una de las etapas de la obra. Anteriormete a esa fecha, la SCT publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación en el cual anunciaba la reasignación de los 200 millones y establecía calendarios al gobierno para terminar las obras.
La cláusula XII del convenio publicado el 14 de agosto establece que “las partes acuerdan que los remanentes o saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales en la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la cláusula segunda de este Convenio, incluyendo los rendimientos financieros generados, que no se encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2014, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, en un plazo de 15 días naturales contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones aplicables”.
Según lo anterior, si no había una resolución del juez que permitiera continuar la obra, esos recursos se perderían. Así de sencillo.
Luego de la resolución definitiva, el secretario de Obras Públicas del Estado, Eduardo Esperón, declaró que existe la disposición de indemnizar a la comunidad, además de que inició la consulta para que no existan problemas con la obra y explicó que el juez también permitió que los trabajos continúen en la construcción de la terminal, aunque con algunas limitantes para no afectar a los indígenas.
Ante esta resolución lo que harán, según Esperón, es comprar lo que hace falta para el equipamiento del aeropuerto, con lo que se logrará salvar por lo menos 180 millones de pesos de los 200 que están pendientes de ser aplicados, aunque el objetivo es ejercer la totalidad.
De estas declaraciones se colige que la última palabra la siguen teniendo los indígenas, el Gobierno no tiene carta abierta para continuar la obra a placer, pues esto depende de la consulta, lo cual compromete a Obras Públicas a respetar los acuerdos de una consulta real.
Resulta claro que el error fundamental fue haber menspreciado la capacidad de los rarámuris para organizarse y proceder por la vía legal. Sin lugar a dudas se estaba violentando el estado de derecho que exige el respeto a las propiedades y entorno de las etinias, disposición que además fue confirmada expresamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es por ello que en lo sucesivo, tanto en este proyecto como en otros, los promotores deberán tomar en cuenta los derechos de los habitantes autóctonos y legítimos poseedores de esas tierras que son bocado apetecible de empresarios y funcionarios que muchas veces los menosprecian.
No se trata de frustrar polos de desarrollo, sino de que todo se haga por la vía del derecho, que se busque tanto la sustentabilidad ambiental como la humana. En este caso, la construcción del aeropuerto puede ser el detonante para una nueva etapa en el turismo de la Sierra Tarahumara al facilitar el acceso a esos preciosos lugares, pero tomando en cuenta a sus habitantes, sin discriminarlos.
Estos proyectos deben privilegiar la participación de los rarámuris, no como simples maleteros o empleados de intendencia, sino mediante una capacitación que los habilite para administrar la explotación turística de sus bosques y que la plusvalía de esa actividad se quede en la sierra. El progreso y la justicia no deben estar reñidos. En otras latitudes hay ejemplos de etnias que administran sus propios negocios con éxito, porque han tenido el apoyo de sus gobiernos, se han preparado y prácticamente se han convertido en empresarios con arraigo.
Fuente: http://eldiariodechihuahua.mx/notas.php?seccion=Opinion&f=2014/12/06&id=eff3ca33e02d52a6bd08a08d853f5868