POR: REDACCIÓN AHORAMISMO
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Activistas defensores de los derechos de comunidades indígenas de Chihuahua expusieron en el Senado de la República la grave situación en la que se encuentra un parte de los habitantes de la sierra Tarahumara por el abandono de las autoridades, las obras que se realizan en sus territorios sin tomarles parecer, y la actividad de la delincuencia organizada.
Ante senadores de diversos partidos y estados de la República, los integrantes de la organización “Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara” advirtieron que ha llegado gente de otras entidades del país a las comunidades indígenas para obligar a sus habitantes a sembrar enervantes.
Además de las graves condiciones de desnutrición, falta de respeto a sus derechos e insalubridad, en la sierra se están agravando otros problemas por la violencia, hay miedo, señalaron los activistas.
“No hay quien ponga freno al aumento de homicidios, al aumento de las adicciones, solo dicen que no pasa nada, que todo está tranquilo”, dijeron.
En la reunión estuvieron presentes los senadores Alejandro Encinas y Jaime Martínez Veloz, así como de la senadora y Silvia Martínez Elizondo integrantes de la Comisión del diálogo con Pueblos Indígenas.
Por parte de la Caravana, asistieron representantes de comunidades indigenas de Repechique, Coreachi, Coloradas de la Virgen, El Mochomo, entre otras.
De las demandas planteadas, destacan las siguientes:
*En la comunidad de Bacajípare, municipio de Urique, regresó el problema de la contaminación de sus ríos y arroyos a causa de las descargas de aguas negras que hacen los hoteles de la zona turística de las Barrancas del Cobre. A la par, se suspendió la atención médica a las niñas y niños indígenas que contrajeron enfermedades a causa de beber esa agua cntaminada.
*En Tehuerichi, se logró el pago del PROCAMPO, pero no a todos los ejidatarios.
*Nulo acceso a programas sociales que la mayoría de los mexicanos tiene como educación, salud y, en particular, al reconocimiento de su cultura y sus formas de organización, todo por no tener documentos que los acrediten como los dueños ancestrales de esas tierras.
*Construcción del Gasoducto el Encino Topolobampo sin consultar a los habitantes de las 321 rancherías ubicadas en cuatro distintos municipios de la Sierra Tarahumara. Para cuando se les llamó a consulta, la obra ya tenía un avance del 50 por ciento.
*Suspensión de obras para abastecimiento de agua potable a las comunidades de Mogotavo, Huetosachi y Bacajipare, las cuales ya tenía un 60% de avance de obra pero fueron cancelados porque un grupo de particulares se inconformaron debido a que el acueducto pasaba por sus tierras.
*La comunidad de Areponapuchi sigue sin equipamiento y sin médicos. Las autoridades de salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social, dicen que no hay dinero o se pasan la responsabilidad entre ellos.
*A pesar de haber ganado amparos para suspender la construcción del Aeropuerto regional Barrancas del Cobre debido a que no se les consultó a las comunidades indígenas aledañas a esa obra, el gobierno no acepta su responsabilidad para reparar los daños.