El Aeropuerto Regional de Creel no está terminado y la suspensión del juez es un acto jurídico que debe ser observado por el Gobierno del Estado: Consultoría Técnica Comunitaria AC.

Chihuahua, Chih a 6 de abril del 2014.
El Aeropuerto Regional de Creel no está terminado y la suspensión del juez es un acto jurídico que debe ser observado por el Gobierno del Estado: Consultoría Técnica Comunitaria AC.
Según las fotografías entregadas a la prensa con fecha 4 de abril del año en curso el Aeropuerto Regional de Creel no está terminado, no se ha inaugurado, y no se encuentra operando. Ese mismo día señalaron dos personas de las que se omite el nombre que les habían pedido a los trabajadores que se retiraran de su lugar de trabajo por una orden de juez que suspendía la obra hasta nuevo aviso.
Las declaraciones de los funcionarios hechas en medio de comunicación en el sentido de que el Aeropuerto Regional de Creel está terminado evidentemente carecen de fundamento veraz, como se observa en las fotografías.
Por otra parte la resolución del Juez Ignacio Cuenca Zamora de “suspender de plano” las obras de construcción del Aeropuerto significa una suspensión temporal hasta en tanto se resuelva el amparo de manera definitiva presentado por la comunidad de Bosques de San Elías-Repechique, el día 2 de abril del presente año, asistida jurídicamente por la Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.
Las autoridades no se deben de sorprender de esta suspensión ya que los pueblos indígenas cuentan con derechos reconocidos por los Convenios Internacionales de la OIT, de la Comisión de Estados Americanos y de las Naciones Unidas; mismos que han sido validados en los artículos 1º y 2º de la Constitución General de la República, el ejercicio de éstos derechos reconocidos por las comunidades indígenas ha dado como resultado un Protocolo de Actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Exhortamos a la ciudadanía a estar vigilante del cumplimiento de los ordenamientos legales emitidos por jueces y magistrados en relación a la observancia de los derechos de los pueblos indígenas y al gobierno del estado a resolver conforme a derecho sin encubrir sus acciones con declaraciones superficiales de respeto a los indígenas.