Este 2026 comenzó para las comunidades indígenas como cada año: con la organización comunitaria y la planeación de actividades y proyectos en beneficio de las familias indígenas, todo ello atravesado por el sostenimiento de las luchas legales y las resistencias que conllevan la defensa de sus derechos comunitarios.
Algunas de las comunidades acompañadas por Consultoría Técnica Comunitaria, como Mala Noche y Huitosachi, obtuvieron grandes logros el año pasado, todo ello como resultado de su histórica lucha legal y resistencia civil; sin embargo, hay muchos pendientes en la cancha de los gobiernos.
La voluntad política para cumplimiento de las sentencias a favor de las comunidades es uno de los grandes pendientes del Estado Mexicano, pues a pesar de que diversos tribunales federales e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación han reconocido los derechos de las comunidades y han respaldado sus reclamos y demandas de justicia, las instituciones responsables continúan sin cumplir con su obligación de restituir y garantizar sus derechos al territorio, a medios de vida, a la consulta, a la identidad y a una vida libre de violencia.
Son ocho sentencias ganadas a favor de las comunidades de El Manzano y Monterde (desplazamiento forzado interno), Tehuerichi (identidad), Cinco Llagas (medios de vida y una vida libre de violencia), Bosques de San Elías Repechique y Huitosachi (territorio y consulta) y Mala Noche (territorio, medios de vida y una vida libre de violencia).
Durante décadas, las comunidades mencionadas han luchado por la vía legal en defensa de sus derechos y esa lucha tuvo sus resultados: las sentencias a su favor. Hoy en día, la responsabilidad de cumplirlas a cabalidad está en manos del Estado Mexicano: de la Gobernadora del Estado, de la Secretaría de Gobernación Federal, de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía General de la República, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y otras instancias que son responsables, así como el Congreso del Estado de Chihuahua, que figura como organismo ejecutante, aunque no responsable.
A través del presente comunicado, Consultoría Técnica Comunitaria y las comunidades llamamos a las instancias responsables y ejecutantes: a que cumplan con su deber constitucional de proteger a la ciudadanía, de garantizar la seguridad y los derechos elementales de las comunidades.
Con el inicio de este 2026, se reinicia la oportunidad que tienen de hacer historia y proporcionar a las comunidades demandantes de los servicios, los derechos y las condiciones de vida de las que han sido despojadas, aunque las y los chihuahuenses sabemos que no tiene que iniciar un nuevo año para que se tome la oportunidad de saldar la deuda histórica que el Estado Mexicano tiene con las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.
En Consultoría Técnica Comunitaria y en las comunidades que acompañamos, seguiremos trabajando para que el litigio estratégico, la gestoría de servicios, el trabajo campesino y comunitario, la divulgación de las historias y los trabajos de las comunidades indígenas continúen permeando, tomando su lugar en el espacio público y en las conciencias de las y los chihuahuenses.
El cumplimiento de las sentencias es una responsabilidad ineludible: las autoridades deben ejecutar, acatar y materializar lo ordenado por un juez en un fallo definitivo; además, las sentencias de las comunidades vinculan a los tres poderes y deben observarse.
Por nuestra parte, continuaremos exigiendo el cumplimiento de las sentencias a favor de las comunidades de El Manzano, Monterde, Tehuerichi, Cinco Llagas, Mala Noche, Bosques de San Elías de Repechique, Bacajípare y Huetosachi, aunque sabemos que el cumplimiento le corresponde a Gobierno del Estado, al Gobierno de la República y los Gobiernos Municipales de Urique, Uruachi, Bocoyna, Carichí y Guadalupe y Calvo.
