Organizaciones civiles presentaron este 11 de agosto de 2026 el “Informe sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación en Chihuahua 2026”, documento que recoge testimonios de familias desplazadas de sus comunidades por la violencia del crimen organizado en la Sierra Tarahumara y documenta la respuesta del Estado mexicano ante dicha situación.
Las presentaciones se llevaron a cabo en Ciudad de México y Chihuahua, en donde representantes de las organizaciones presentaron el informe de actividades que se realizaron en mayo de 2026, cuando la Misión Civil de Observación (MCO) acudió a tres municipios del estado de Chihuahua para documentar de primera mano la situación de desplazamiento forzado interno (DFI) que se vive en la entidad.
La MCO visitó las ciudades de Parral, Delicias y Chihuahua para entrevistar a unas 200 personas en situación de desplazamiento forzado interno (PDFI). Estas provenían de diversas comunidades de los municipios de Uruachi, Guazapares y Guadalupe y Calvo. Asimismo, se documentaron casos de personas desplazadas provenientes de Tamazula, Durango y de San Miguel, Sinaloa.
A través de los testimonios de las PDFI se identificaron algunas causas de los desplazamientos, que están estrechamente ligadas al contexto regional del Triángulo Dorado, una zona de importancia histórica para el narcotráfico; a la lucha de los cárteles por el control de los territorios, al saqueo de recursos naturales, al reclutamiento forzado, a la violencia generalizada, así como al abandono institucional de los tres niveles de gobierno y a la falta de una estrategia efectiva de seguridad pública. Todo esto se ve agravado por la colusión de las autoridades con los grupos delictivos y la impunidad absoluta que se vive en la región.
Como parte de las actividades de la MCO, representantes de las organizaciones se reunieron con personas funcionarias públicas del Gobierno del Estado de Chihuahua y con algunas del Gobierno de la República, a quienes se les planteó la situación; se compartieron las preocupaciones de las organizaciones, las necesidades de las comunidades, y se solicitó crear una ruta de trabajo en conjunto para atender la problemática. Sin embargo, a nivel institucional, la MCO documentó la respuesta insuficiente del Estado mexicano.
Con este Informe, la MCO no solo visibiliza la problemática, sino que, con un respetuoso ánimo de colaboración y coadyuvancia, presenta una serie de solicitudes y recomendaciones, como la instalación de una mesa interinstitucional permanente para que todos los niveles de gobierno puedan coordinar su respuesta ante el DFI, entre otras acciones puntuales planteadas en el documento.
Un aspecto fundamental en esta ruta de trabajo es escuchar de primera mano a las comunidades afectadas e involucrar a las distintas organizaciones que trabajan con comunidades y personas afectadas por el DFI, ya que cuentan con amplia experiencia y conocimiento en la materia, lo que contribuiría a una atención integral, efectiva y humana de las PDFI.
Finalmente, resulta importante que la Federación se involucre y aporte con las capacidades propias de su función, así como que impulse la creación de un marco jurídico nacional que garantice la prevención del DFI y la protección de las PDFI.
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