A las instituciones, a la opinión pública y a la sociedad chihuahuense:
Las organizaciones civiles que trabajamos con comunidades indígenas, brindando acompañamiento y asesoría en sus procesos de defensa de derechos colectivos, manifestamos nuestra consternación y profunda tristeza por el fallecimiento del niño ódami Ángel Ramón Julián Baiza, quien perdió la vida en el Hospital Infantil a causa de una infección cerebral y cuya familia pasó días de angustia e incomunicación por la falta de intérpretes que pudieran acompañarla.
Este lamentable hecho exhibe una realidad dolorosa que las comunidades indígenas, tanto en zonas rurales como urbanas del estado, viven día con día: la ausencia casi total de personas intérpretes que acompañen a las y los usuarios y a sus familias en clínicas y hospitales.
Esto es un signo de la violencia estructural y sistemática que se ejerce contra los pueblos indígenas, basada en la discriminación, la falta de voluntad política de los gobiernos y su omisión en el cumplimiento de su deber constitucional de garantizar los derechos de las y los ciudadanos mexicanos.
Es indignante que vidas humanas se pierdan ante la carencia de servicios de salud culturalmente pertinentes, la falta sistemática de traductores e intérpretes certificados en los hospitales, la desatención institucional y la insuficiente implementación de protocolos que garanticen el derecho a la salud sin discriminación.
La cobertura que ha dado Raíchali a esta tragedia ha visibilizado una realidad incómoda, pero que debe ser conocida por la sociedad chihuahuense y atendida por el Gobierno del Estado, así como por todas las instancias de atención a la salud del Estado mexicano.
Nos consta que el ejercicio periodístico de Raíchali se realiza con ética profesional, diversidad y perspectiva cultural, así como con un profundo sentido de justicia en la cobertura de violaciones a derechos humanos y de los pueblos indígenas.
Por ello, nos indigna y repudiamos cualquier acto de censura, hostigamiento o presión ejercido contra este medio independiente, que no hace otra cosa que contar la verdad. El ejercicio periodístico y el derecho de las audiencias a estar informadas están protegidos por la Constitución mexicana; por lo tanto, cualquier acto que atente contra ellos constituye una violación a los derechos humanos de las y los chihuahuenses.
Ante lo expuesto, exigimos:
1. La implementación de personas traductoras e intérpretes de lenguas indígenas en todas las clínicas y hospitales del estado, para garantizar la comunicación efectiva entre las personas usuarias, sus familias y el personal médico.
2. La capacitación obligatoria del personal y funcionariado de todas las clínicas y hospitales del estado para brindar servicios de salud con pertinencia cultural, respeto y no discriminación.
3. Garantías y respeto plenos para el ejercicio periodístico, sin presiones, hostigamiento ni censura a los medios que publiquen historias de interés público y/o sobre violaciones a derechos humanos, conforme a las garantías constitucionales de libertad de expresión y libertad de prensa.
Los derechos humanos de los pueblos indígenas, y en particular de las niñeces indígenas, deben ser de interés público y una prioridad para las instituciones de todos los niveles de gobierno. Los derechos a la salud, la identidad cultural, la lengua materna, la información y la justicia están vinculados y deben garantizarse de manera integral: el derecho a la vida y a una vida libre de violencia y discriminación.
Por la muerte de Ángel Ramón Julián Baiza, por el dolor de su familia y por la deuda histórica que el Estado mexicano mantiene con los pueblos y comunidades indígenas, exigimos que se investigue y sancione a los responsables, que se implementen de manera urgente los cambios y medidas antes expuestos, que se garantice justicia a la familia Julián Baiza y que cesen las presiones contra el medio independiente Raíchali.
Asociaciones firmantes:
Consultoría Técnica Comunitaria
Comité de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos
María Teresa Guerrero Olivares
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